Los nuevos presupuestos no son más que la mejor muestra de la división del Gobierno y de las tensiones que presiden día a día los Consejos de Ministros.
A nuestros políticos les cuesta alcanzar un acuerdo que permita el funcionamiento, aunque sea de “tran tran”, de nuestro país. Quizá por la falta de tradición de pactos entre partidos o porque ahora, la política se vive como una competición de fútbol en el que el objetivo es únicamente ganar al contrincante.
Mientras, eso sí, los hogares y las empresas siguen ajustándose a la situación y luchando por salir adelante sin ningún tipo de certeza ni ayuda. Más bien todo lo contrario, enfrentándose a una subida de impuestos que recaerá fundamentalmente sobre las clases trabajadoras y productivas (aumento del impuesto sobre el diésel, nuevos impuestos sobre bebidas azucaradas y sobre envases de plástico…)
¿Quiénes son los que más consumen estos productos?
Pues la gran mayoría de la población española: las clases baja y media cuya economía no les permite elegir entre las necesidades diarias y la mejora del medioambiente.
Y ello, a pesar de que es precisamente esta gran mayoría la que está destinada, con su titánico esfuerzo, a sacar al país de esta crisis a costa de su propio bienestar.
¿De verdad el Gobierno considera que optar por la estrategia feudal de que “el pobre pague el pato” es la mejor manera de salir de una crisis económica?
Parece ser que sí, porque pese a las promesas estos son siempre los resultados: un país en discordia, en división y peor aún, enfermo.
En vez de aportar seguridad o certezas, el Gobierno ha apostado por unos Presupuestos expansionistas, orientados a reforzar el sector público (aumento del salario de los funcionarios en un 0,9%; del ingreso mínimo vital y de las prestaciones del paro), en un intento de paliar las desastrosas consecuencias económicas de la pandemia que, aunque necesario a corto plazo, a largo plazo lastra aún más nuestra maltrecha economía, aumentando el déficit público en 81.037 millones de euros, diferencia entre los 236.331 millones de ingresos previstos y los 155.294 millones de gastos contemplados.
En el pomposo anuncio de ayer de la aprobación por parte del Consejo de Ministros de los “presupuestos de la pandemia” nada se dijo sobre medidas de atracción de inversión o de incentivos a la creación de empleo. Antes bien, el Vicepresidente Iglesias, presumió de haber conseguido del Gobierno la promesa de una “Ley Estatal de Vivienda con el mayor grado de intervención pública del mercado de alquiler de Europa” que, a todas luces no supondrá sino un claro freno a la atracción de capital exterior y un más que probable aumento del mercado negro de vivienda.
Y, por supuesto, nada se habló tampoco de la deuda, pese a que la capacidad de hacerla frente es la noticia más esperada por los inversores extranjeros. En definitiva, saber si España va a ser capaz de cuadrar las cuentas y generar superávit suficiente para devolver el billón largo de euros de deuda actual es la expectante noticia de los mercados internacionales.
Por todo ello, la lamentable conclusión del esperado anuncio de la aprobación de los Presupuestos es la de que nuestros políticos prefieren continuar en el caos.
Pero, ¿de qué nos vamos a sorprender ya?, la pandemia sólo ha hecho florecer los problemas que nuestro país llevaba arrastrando desde hace años, en especial, la falta de formación intelectual y profesional de los políticos que les incapacita para alcanzar acuerdos efectivos que realmente mejoren el día a día de los ciudadanos.